Un abogado especializado en inmigración reacciona ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento

El 30 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que todos los niños nacidos dentro de las fronteras de los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Esta ha sido la ley de los Estados Unidos durante más de un siglo. El actual Gobierno intentó redefinir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto presidencial, y el Tribunal Supremo anuló esa medida.

Creo que debemos celebrar esta decisión del Tribunal Supremo. No creo que la Constitución de los Estados Unidos ni la legislación federal puedan interpretarse razonablemente de otra forma distinta a como lo ha hecho el Tribunal. En mi opinión, anular la orden ejecutiva que pretendía poner fin al efecto jurídico de la ciudadanía por nacimiento fue, desde el punto de vista jurídico, el resultado correcto.

También creo que, si el presidente quiere cambiar esta política, debe hacerlo mediante una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, no de un simple trazo de pluma. Esta decisión es un claro recordatorio de que en los Estados Unidos no hay reyes que puedan cambiar la ley por decreto o mediante una orden ejecutiva. Todos en Estados Unidos, incluido el presidente, están sujetos al Estado de derecho, y la Constitución sigue siendo la ley suprema del país.

Esta decisión también sirve de recordatorio al Gobierno de que solo el Congreso tiene la facultad de promulgar leyes y de que la Constitución solo puede modificarse mediante el proceso de enmienda. De hecho, el presidente ha declarado que ahora instará al Congreso a que impulse los cambios que persigue a través de la legislación, reconociendo que no tiene la autoridad para llevar a cabo esos cambios únicamente mediante medidas ejecutivas, por mucho que desee hacerlo.

Espero que esta decisión zanjara definitivamente esta cuestión.

— Garry Davis

Garry Davis

Abogado principal y fundador de Davis & Associates

Garry Davis es un especialista en Derecho de Inmigración y Nacionalidad certificado por la Junta de Especialización Jurídica de Texas, que ejerce exclusivamente en el ámbito del derecho de inmigración. Su trabajo se centra en la defensa contra la deportación, la inmigración laboral y por inversión, los casos basados en vínculos familiares, los recursos de apelación y los litigios ante los tribunales federales. Es ponente habitual a nivel nacional para la AILA y en programas de formación jurídica continua, y ha sido ampliamente reconocido por Super Lawyers y U.S. News.

Años de experiencia: Más de 25 años de experiencia en materia de inmigración de alto nivel