Cómo la política de carga pública afecta la inmigración

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o USCIS, han implementado recientemente cambios relacionados con la regla de carga pública que afectan los casos de inmigración (particularmente cualquiera que busque admisión) en los Estados Unidos. Esta guía explica la nueva regla de carga pública, así como también cómo puede afectar su caso y si puede proporcionar documentación para ayudar a demostrarle al gobierno de los EE. UU. que es poco probable que se convierta en una carga pública.

Antecedentes: La regla de carga pública y la inmigración estadounidense

Antes de poder profundizar en los detalles de la regla de carga pública (o cualquier cambio reciente) es necesario comprender algunas definiciones.

Una carga pública es alguien que depende de recursos públicos mientras se encuentra en los EE. UU., como los beneficios sociales.

Una persona que busca admisión es cualquier persona que busca obtener una visa para los EE. UU., entrada a los EE. UU. o estatus de residente permanente.

El gobierno, bajo la Orden Ejecutiva 14012 , ha decidido trabajar para restaurar la confianza en el sistema de inmigración legal identificando barreras que dificultan la inmigración legal para las personas equivocadas. La misma orden ejecutiva reconoció que en el pasado, muchos inmigrantes y sus familias tenían miedo de solicitar o tener acceso a los beneficios que necesitaban para sobrevivir debido a las reglas excesivamente estrictas vigentes que impedían convertirse en una carga pública.

A partir del 9 de marzo de 2021, la Regla Final de Carga Pública de 2019 ya no está en vigor. Esa norma amplió las leyes de inmigración e hizo mucho más difícil para los inmigrantes obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Permitió a los funcionarios de inmigración tomar una decisión sobre si era “probable” que un inmigrante dependiera de algún beneficio del gobierno en el futuro; si el funcionario creía que una persona probablemente necesitaría depender de beneficios públicos en el futuro, se le negaba la visa o la tarjeta verde .

Además, si un solicitante no tenía un ingreso familiar de al menos 125 por ciento por encima de las pautas federales de pobreza, se consideraba que probablemente se convertiría en una carga pública; de hecho, el gobierno prefería a las personas cuyos ingresos familiares superaban el 250 por ciento de las directrices. Sin embargo, una vez más, la Regla Final de Carga Pública de 2019 ha sido rescindida y reemplazada por reglas más amigables para los inmigrantes .

Acerca de la pandemia de COVID-19 y servicios relacionados

Actualmente, USCIS está alentando a todos, independientemente de su estatus migratorio, a buscar la atención médica necesaria relacionada con la pandemia de COVID-19. Eso incluye tratamiento y servicios preventivos, y todos los inmigrantes pueden buscar beneficios y servicios relacionados con la pandemia sin preocuparse por las consecuencias negativas relacionadas con la inmigración.

La política de carga pública en inmigración ha cambiado (otra vez)

A partir de 2021, USCIS ha realizado varios cambios. Ahora, las personas que han utilizado beneficios públicos en el pasado ya no son penalizadas por hacerlo; además, la regla que requería que se declararan recursos financieros personales (mediante el Formulario I-944, “Declaración de Autosuficiencia”) ya no está vigente.

¿Cómo afecta la política actual de carga pública al proceso de inmigración?

La política de carga pública actual es similar a la política que estuvo vigente durante muchos años antes de que la regla anterior entrara en vigor. Eso significa que no necesita completar el Formulario I-944 como parte de su solicitud.

¿Qué beneficios públicos considera USCIS ahora?

Los beneficios públicos que USCIS considera ahora son Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), asistencia en efectivo bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas estatales y locales de asistencia en efectivo que brindan beneficios (generalmente llamados programas de “asistencia general”).

Además, algunos no ciudadanos están exentos del motivo de inadmisibilidad a los Estados Unidos por carga pública, entre ellos:

  • Refugiados y asilados
  • Algunos no ciudadanos que buscan el estatus de no inmigrante T o U (víctimas de trata de personas y actividad criminal, respectivamente)
  • Solicitantes que buscan estatus de protección temporal o TPS
  • Solicitantes que buscan registrarse
  • Algunas personas que buscan reconocimiento como indios americanos nacidos en Canadá
  • Personas que presentan una autopetición en virtud de la Ley de Violencia contra las Mujeres o VAWA

Los beneficios que USCIS NO considera ahora

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. no consideran que una serie de beneficios públicos sean “negativos” en una solicitud de visa o tarjeta de residencia cuando se trata de la regla de carga pública. Los beneficios que USCIS no le reprochará incluyen:

  • Medicaid y otros servicios relacionados con seguros médicos
  • El programa de seguro médico para niños
  • Programas de nutrición
  • Beneficios de vivienda
  • Servicios de cuidado infantil
  • Asistencia energética
  • Ayuda de emergencia en casos de desastre
  • Cuidado de crianza y asistencia para adopción
  • Asistencia educativa
  • Programas de capacitación laboral
  • Programas comunitarios en especie
  • Pagos en efectivo que se hayan ganado (como beneficios del Seguro Social del Título II, pensiones gubernamentales o beneficios para veteranos)

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Acerca de Davis & Associates:

Davis & Associates es el bufete de abogados de inmigración elegido en el norte de Texas, que incluye Dallas, Fort Worth, Plano, Frisco, McKinney y las áreas circundantes. Sus abogados brindan asesoría legal experta para todos los aspectos de la ley de inmigración, incluida la defensa de deportación, recursos de hábeas corpus y mandamus, inmigración patrocinada por la familia, inmigración patrocinada por el empleo, inmigración de inversión, cumplimiento con los empleadores, visas temporales para el trabajo y la universidad, residencia permanente, Naturalización, tramitación de visas consulares, renuncias y apelaciones. El abogado Garry L. Davis está certificado por la Junta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la Junta de Especialización Legal de Texas.

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